La implementación del Acuerdo de Escazú, el control de la deforestación, la transición energética y el Acuerdo Global Sobre Biodiversidad son algunos de los desafíos en materia ambiental que el país tiene por delante en los próximos meses y que deben tener un lugar privilegiado en la agenda nacional.
El 2023 llega con un interés recargado por el cuidado y la protección de nuestro ambiente, impulsado tanto por grandes movilizaciones internacionales, el Acuerdo Global sobre Biodiversidad, como las transformaciones nacionales que buscará el nuevo Gobierno en las bases del Plan Nacional de Desarrollo. El año que empieza se presenta como una gran oportunidad de fortalecer la integración entre las agendas de clima y biodiversidad para lograr el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
A continuación, algunos de los desafíos más importantes que enfrentará el país en el 2023.
- La lucha contra la deforestación en la Amazonia
Con selvas y ríos inmensos que albergan naturaleza única, que sustenta una diversidad cultural notable en 7 millones de kilómetros cuadrados, la Amazonía es de gran importancia para Sudamérica y para todo el planeta. En ocho países y un territorio de ultramar, esta gran porción de la biosfera alberga casi el 10% de la biodiversidad de la Tierra.
Así como es inmensa y asombrosa, la Amazonía es también frágil y vulnerable a los impactos del actual sistema de desarrollo dominante. De hecho, de acuerdo con el Informe Amazonia Viva de WWF (2022), se estima que un 17% de los bosques amazónicos han sido transformados para darles otro uso. Las actividades económicas que amenazan la región incluyen la ganadería y agricultura extensivas, seguidas de las extractivas, las actividades ilegales y la infraestructura mal planificada.
En este contexto, los anuncios del recién posesionado presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre una Cumbre por la Amazonia para tomar medidas efectivas para su protección y del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de un gran acuerdo amazónico que trace los lineamientos necesarios para darle un nuevo enfoque regional, serán fundamentales para evitar un punto inflexión ecológico en la región.
- Colombia, país anfibio
Colombia es un país bañado por agua. Con 44% de los páramos de Sudamérica, cinco vertientes hidrográficas, 30 grandes ríos, 1.277 lagunas y más de 1.000 ciénagas, es un país anfibio. En este contexto, Colombia ha liderado un papel protagónico en la conservación de dichos ecosistemas.
Entre el 5 y el 13 de noviembre de 2022 se llevó a cabo, en Ginebra (Suiza), la Conferencia de las Partes sobre Humedales, COP 14 Ramsar, en la cual se abordaron las diferentes amenazas que enfrentan los ecosistemas de agua dulce del planeta. Allí, Colombia jugó un rol fundamental, al hacer parte del grupo de diez países donde habitan delfines de río y otras especies de cetáceos, que se unieron en un llamado a la acción para trabajar juntos por la conservación de estas especies.
Igualmente, en el marco de la COP15 sobre biodiversidad, que tuvo lugar en diciembre, en Montreal, el país hizo un llamado a la acción para que los Estados se unan al ‘Desafío del Agua Dulce’, una iniciativa que busca elevar dichos ecosistemas al mismo nivel que “la tierra y el mar”, para que ya no sean una nota a pie de página, sino el núcleo de las metas en materia de biodiversidad.
Ambos eventos pusieron de manifiesto la importancia que debe tener para el país fijarse como objetivo a corto plazo la conservación de los ambientes de agua dulce.
- Transición energética
Una de las banderas más importantes del Gobierno del presidente Gustavo Petro es la que él mismo ha denominado, en su Plan Nacional de Desarrollo, como Transición Energética Justa. Para el mandatario, es clave que el país empiece a tomar acciones urgentes para superar la dependencia de los combustibles fósiles. Y este es un inaplazable, para el cual será necesario el trabajo conjunto de todos los actores, con el objetivo claro de aportar a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Si bien existen ciertas prevenciones o temores por parte del sector minero energético, el año 2023 será el momento oportuno para empezar a resolver esas dudas, la mayoría de las cuales tiene que ver con el hecho de que, en la actualidad, buena parte de los ingresos fiscales del país proviene de la explotación de combustibles fósiles como el petróleo y el gas.
El reto no es menor. Según datos de Fedesarrollo, la transición energética a 2035 costaría US$ 38.000 millones, lo cual significa una disminución anual de entre 0,23% y 0,27% del PIB. Y la Cámara de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol) estima que, para alcanzar la meta en el 2050, Colombia requeriría hacer inversiones anuales del orden de COP 86 billones anuales del 2022, equivalentes a 7% del PIB por año, con el fin de financiar completamente la construcción, operación y mantenimiento de los elementos necesarios para consolidar su transición energética.
- Implementar el Acuerdo de Escazú
Después de casi tres años desde la firma del Acuerdo, en octubre de 2022 la plenaria de la Cámara de Representantes votó mayoritariamente a favor del Proyecto de Ley No. 109/2022, por medio del cual se aprueba el Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.
El Acuerdo de Escazú es el primer instrumento jurídicamente vinculante que busca garantizar el acceso a la información oportuna en igualdad de condiciones para los grupos más vulnerables. El Acuerdo, además, promueve la participación ciudadana en procesos de toma de decisiones que puedan afectar el ambiente o la salud, y el acceso a la justicia ambiental frente a daños al ambiente y los derechos humanos.
Esto es relevante en un escenario global en el que Colombia ocupa el sexto lugar como el país con más conflictos ambientales en el mundo, y también es uno de los países más peligrosos para los defensores del territorio y la naturaleza.
Superado el primer obstáculo que significó la ratificación, ahora el gran reto será la implementación del Acuerdo de Escazú. Y, para lograr ese objetivo, los primeros doce meses de 2023 serán cruciales.
El Acuerdo es una oportunidad para que la divulgación de las investigaciones de los institutos técnicos ambientales sea accesible a toda la población y, entre otros beneficios, debería ayudar a mejorar la protección de los defensores ambientales, las comunidades locales y autoridades indígenas, y contribuirá a hacer frente a la deforestación y las actividades ilegales, desde un enfoque de construcción de paz con perspectiva ambiental.
- Empezar a saldar nuestra ‘deuda ambiental’
Actualmente, en el Congreso de la República, hace su curso legislativo un proyecto de ley que busca dar una definición de los pasivos ambientales, secuelas en la naturaleza producto de las actividades llevadas a cabo por las personas. Este tipo de consecuencias sobre la Tierra son una deuda ambiental que debe ser saldada de manera urgente. Una ley que defina los pasivos ambientales, clasificándolos, por ejemplo, según su origen, responsables y el tipo de afectación, significa un paso en la dirección correcta para empezar a enmendar el daño ocasionado.
A pesar de que tres proyectos de ley con intenciones similares ya han fracasado en el Congreso, se espera que, en el curso legislativo actual, finalmente, se apruebe el nuevo proyecto, que ya superó los dos primeros debates.
- La implementación de Kunming-Montreal
El 19 de diciembre de 2022, mientras buena parte del mundo tenía puesta su atención en las celebraciones navideñas, en la ciudad canadiense de Montreal se firmaba el Acuerdo Kunming-Montreal, un nuevo acuerdo global para detener y revertir la pérdida de biodiversidad, a partir de objetivos como conservar el 30% de las áreas terrestres, aguas continentales y océanos, y restaurar el 30% de los ecosistemas de degradados de agua dulce, marinos y terrestres.
Si bien a la importancia que reviste la firma de Kunming-Montreal es innegable, y ha sido destacada por diferentes organizaciones, el desafío de la implementación deberá ser abordado por las partes sin demoras. Los países, incluido Colombia, deberán actualizar sus Estrategias y Planes de Acción Nacionales sobre Biodiversidad (NBSAP, por sus siglas en inglés) en línea con el Acuerdo.
Tomado de: WWF.ORG.EC
Imagen de vladimircech en Freepik
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